[COLUMNA] Educación para la inclusión y el desarrollo de las comunidades

Esta semana conocimos los resultados de la segunda Prueba de Transición, instancia que permite el acceso de miles de jóvenes a la educación superior en Chile. En esta oportunidad, más de 235 mil estudiantes participaron de este proceso que viene a reemplazar a la conocida PSU a través de la medición de menos contenidos específicos y más de evaluación de competencias consideradas esenciales para el cursado de carreras profesionales.

Junto con saludar y felicitar a todas y todos quienes han decidido emprender este nuevo desafío, y al mismo tiempo reconocer el esfuerzo que están haciendo las instituciones y los equipos responsables del diseño de nuevas estrategias de admisión, todavía en etapa de perfeccionamiento y esperamos que pueda avanzar hacia un proceso más inclusivo y equitativo, es oportuno también, poner el acento en esta relevante etapa educativa.

En primer lugar, no cabe duda de que la educación, técnica y profesional, como derecho y oportunidad para la expresión de capacidades y sueños de las personas y las familias, significa basta más que poder acceder a una carrera determinada. Así, desde la irrupción de la pandemia, y aún más atrás, desde que se comenzó a debatir sobre el modelo educativo, la calidad, gratuidad y los propios sistemas de ingreso, hemos logrado comenzar a hablar finalmente de la igualdad de oportunidades y especialmente de inclusión.

En muchos de estos temas se ha podido avanzar gracias a la voluntad e interés de los propios actores involucrados como los mismos estudiantes y docentes, y en otros, tenemos la obligación y responsabilidad de seguir haciendo los esfuerzos necesarios para superar con éxito lo que queda pendiente.

Aquí, la reflexión es necesariamente amplia e involucra a la sociedad en su conjunto, porque la educación no es un ente aislado, más bien es ese reflejo o respuesta a la pregunta de qué queremos para nuestro país.

Ejemplo de esta puesta en común la han dado los propios jóvenes de la región que obtuvieron puntajes destacados en la reciente Prueba de Transición que han expresado con claridad la necesidad de abordar las brechas existentes entre el sistema público y privado.

Así es como, resulta primordial que podamos avanzar hacia una estructura de educación superior que pueda no sólo ser más inclusiva, sino que pueda reconocer las diferencias, las diversas capacidades y territorialidades de las personas, lejos de las competencias y la lucha por los recursos.

Al desafío de la articulación entre los niveles básico, medio y superior, se suma la demanda por un sistema que se presente cada vez más amplio y participativo, en sintonía con las necesidades del país, las regiones y sus habitantes. La descentralización también puede ser en el plano de la educación un mecanismo que posibilite el desarrollo de las comunidades locales con un enfoque territorial y cultural.

Tal como se busca alcanzar cada vez más una mayor cobertura para la educación inicial, también deberíamos plantearnos una educación superior pública que pueda llegar a todos los rincones del país, como derecho y mecanismo que facilite el bienestar de las comunidades.

El debate en torno a una nueva constitución y su redacción, son la oportunidad para volver sobre una reflexión y un diálogo respetuoso y serio sobre la educación pública para Chile, donde se puedan expresar las opiniones y los anhelos que puedan conducirnos hacia la construcción de una mejor sociedad.

Por Nelson Cárcamo
Delegado Presidencial Provincial de la Antártica Chilena
Columna de opinión publicada el 16 de enero de 2022 en suplemento “Análisis” de Diario El Pingüino.