[COLUMNA] Educación para la inclusión

La velocidad y agitación del día a día lamentablemente muchas veces deja de lado temas que merecen ser abordados con mayor profundidad y de manera permanente, transformándose en un obstáculo para el análisis reflexivo y posterior implementación de acciones concretas. Así es como cuando tenemos que hablar de inclusión, por ejemplo, el diagnóstico rápido da cuenta de las muchas necesidades existentes y también de lo mucho que falta por avanzar.

Esto no significa que no se tomen medidas, por el contrario, se hacen grandes esfuerzos desde muchas esferas y claramente en los últimos años, afortunadamente, podemos escuchar y hablar de inclusión mucho más que antes y hacia allá van dirigidos estos comentarios, como un intento de reforzar la necesidad de continuar poniendo el tema sobre la mesa entre los aspectos fundamentales de la agenda social.

El pasado 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, fecha declarada en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, “con el objetivo de promover los derechos y bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo”, dice la declaración del organismo mundial.

Rápidamente podemos señalar que, en el contexto de la redacción de una nueva Constitución, se presenta como una oportunidad para comenzar a estructurar las bases de un concepto de discapacidad e inclusión más dinámico, donde el desarrollo y el crecimiento del país requiera como condición una participación ciudadana activa en cuanto a representatividad abordando la discapacidad como un tema transversal.

En la práctica, hablamos de una educación inclusiva desde sus contenidos, sus alcances territoriales y hasta la infraestructura necesaria, sin dejar de lado la educación superior, además de su contribución y apoyo junto a académicos, investigadores y estudiantes en áreas como la salud integral desde un enfoque social y comunitario.

De acuerdo con estudios del Senadis, en Magallanes, el 24,2% de la población adulta se encuentra en situación de discapacidad, por sobre el promedio nacional. En materia de educación, y siguiendo los mismos antecedentes, encontramos que el 57,4% de la población en situación de discapacidad ha completado la educación media.

Más allá de los porcentajes, el resultado de estos estudios nos permite observar una realidad que debe ser analizada.

Las condiciones de empleo y oportunidades laborales deben seguir siendo fortalecidas desde el derecho y una legislación cada vez más robusta que asegure el bienestar de trabajadores en situación de discapacidad.

Lo mismo pensando en el acceso a la salud, el deporte y la recreación. Como señalaba más arriba, la discapacidad vista desde una perspectiva transversal nos permitirá optar a una serie de herramientas para la generación de acciones más adecuadas y oportunas.

No podemos dejar de prestar atención a nuestras propias conductas y modelo social y cultural desde donde se presenta la línea base para el cambio de mirada que urge considerar. Desde aquí se producen las transformaciones que esperamos desemboquen en un horizonte con mayor igualdad de derechos y oportunidades.

En cuanto al COVID-19, surge la necesidad de ponernos a pensar en ese país, mundo y región postpandemia, donde los ejes del desarrollo apunten a una sociedad cada vez más inclusiva y accesible, para ello, es fundamental, escuchar a las propias personas en situación de discapacidad y a las organizaciones, con sus necesidades, demandas y propuestas.

Detengámonos por un instante a mirar a nuestro alrededor y preguntémonos cómo podemos participar en la construcción de esa sociedad mejor y más inclusiva.

Por Nelson Cárcamo Barrera
Delegado Presidencial Provincial de la Antártica Chilena
Columna de opinión publicada el 5 de diciembre de 2021 en suplemento “Análisis” de Diario El Pingüino.